Publicado en: 2001  

Por: Luis Pedro España N.

28/01/2010  

La devaluación de facto que tuvo lugar en Venezuela desde que las restricciones de divisas hicieron que Cadivi dejara de satisfacer oportuna y efectivamente la demanda generada por el tipo de cambio fijo y la correspondiente brecha creciente entre el oficial y el paralelo es parte de la explicación de la inflación de 2008 y 2009. Ahora con la devaluación explícita de 2010, los precios crecerán más que los dos precedentes, aunque no a los niveles de otros ajustes económicos donde la inflación impactaba en un solo año cerca de 100%. 

El Gobierno por acción, reacción o mejor por tamizar electoralmente todas sus decisiones de política pública ha logrado que el pueblo venezolano termine pagando en un plazo de al menos tres años el costo social del ajuste. 

Normalmente, cuando preguntamos sobre el costo social de la devaluación, pensamos en aumento de precios y recesión. Socialmente hablando, ello significa menor consumo y aumento del desempleo abierto y la informalidad. Sea pagado de contado como en el pasado o a crédito como en el presente, lo cierto es que ninguno de nosotros se va a salvar de los efectos directos del ajuste económico.   

Pero más allá de lo que podríamos llamar los costos sociales directos existen otros producto de la curiosa vocación economista que se ha profundizado en el Gobierno. Al parecer se está perdiendo de vista la sensibilidad social y sigue sin ir más allá de las gastadas misiones. 

Cuando a un hogar modesto y en condición de pobreza se le cae la capacidad de consumo para satisfacer sus necesidades, ocurren tres cosas. En primer lugar, lógicamente los hogares deben reducir sus compras. Ellas pueden llegar a comprometer las relacionadas con la satisfacción de las necesidades de alimentación. No se trata de que se deje de comer, sino que de se coma peor, con lo cual se comprometen los requerimientos nutricionales. Esto evidentemente tiene consecuencias más graves para la población infantil. Por ello, frente a cualquier shock de precios es necesario tomar medidas sociales dirigidas específicamente a los grupos más pobres y a sus niños. A la fecha, nuevamente, más allá de algunos programas puntuales como las casas de la alimentación, madres del barrio o el debilitado Mercal, pareciera que algo más debería ampliarse o crearse para atender la caída del consumo de alimentos de los grupos en riesgo. 

En segundo lugar, los hogares empobrecidos tratan de elevar sus ingresos. Para ello, lo único que normalmente pueden hacer es incrementar su tasa de actividad. En los hogares populares una parte de sus miembros tienen menos condiciones para insertarse en el mercado laboral que otros. Me refiero a las madres y a los jóvenes, bien por la exclusión educativa, que aun existe, o por la ausencia de un verdadero programa de inserción laboral. Lo cierto es que las remuneraciones de las madres de los barrios y la de los jóvenes que no terminaron el bachillerato (la mayoría) son tan precarias que sólo hacen falta cuando el hogar entra en crisis. Esto trae consecuencias brutales. Niños y casas no atendidas, por un lado, y jóvenes que salen de la escuela más rápido de lo que hubiesen querido ellos y sus padres, por el otro. Eso se constata a la inversa, cuando en los años del boom de ingresos la tasa de actividad cayó poco más de 5 puntos ¿A dónde irán a trabajar esas madres y esos jóvenes que en otras condiciones no pasarían a engrosar las filas del empleo precario? Esta es otra acción social que olvida el Gobierno. 

Por último, de prolongarse en el mediano plazo la crisis, los efectos recesivos irán contra los activos de los hogares. Precisamente esos que mejoraron un poco en estos últimos años. Mejoras en las viviendas, ahorros, modalidades de seguros para la previsión de contingencias y enfermedades, etc., se verán severamente afectados ¿Ha pensado el Gobierno qué implementar para proteger a los venezolanos sin ahorros o que se vean obligados a liquidar activos (piezas, autos, motos o bienes semidurables, entre otros) de ocurrirles alguna eventualidad catastrófica? 

Si el Gobierno se anima a proponer un plan social ante el ajuste, podría solventar algunos de estos impactos, pero políticamente es una forma mediática de reconocer que habrá un costo. La lógica del disimulo parece que lo impide. Carecer de una política de protección social en medio de un ajuste, aun cuando su costo se pague a crédito, es una pésima noticia para los sectores populares ¿Cuantos sacrificios adicionales tendrá que hacer el pueblo para que el Gobierno goce de buena salud electoral?